La Inspección de Trabajo y Seguridad, servicio público responsable de la vigilancia del cumplimiento de la normativa del orden social y de exigir las responsabilidades pertinentes, ha lanzado una campaña con el
objeto de regularizar las cotizaciones y los salarios de las personas que
trabajan en el sector del hogar.
Ante la situación de crisis actual derivada de la pandemia de Covid-19 se ha reforzado la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para velar por el respeto de los derechos de todas las personas trabajadoras, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
En este sentido, el Servicio de Hogar Familiar no sólo corresponde a un colectivo especialmente feminizado (según la encuesta de población activa del primer trimestre de 2020, este sector reunía un total de 576.000 personas trabajadoras, de las cuales sólo 71.000 eran hombres), sino que está especialmente afectado por dos elementos que determinan una importante situación de precariedad laboral:
- La situación de economía irregular: las peores condiciones de trabajo se dan en
la economía irregular, donde se generaliza la inexistencia de derechos laborales
para las personas trabajadoras y se impide el acceso a prestaciones sociales
presentes y futuras para las personas trabajadoras a las que tienen derecho en
función del trabajo prestado.
- Los bajos salarios con los que se retribuyen sus servicios, en ocasiones muy
por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que determina que nos encontremos ante “trabajadoras
pobres”.
Según un estudio realizado en 2019 por Oxfam Intermón y el Laboratorio
de Derecho Social del Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III
de Madrid, la tasa de pobreza de las empleadas de hogar supera en más del doble
la media de los trabajadores y trabajadoras asalariados (16,3%) y la proporción de
trabajadoras con contratos a tiempo parcial cuadruplica la del resto de personas
con este tipo de empleo.
Es por esta razón que se ha puesto en marcha el Plan de Actuación Inspectora en el sector del hogar, cuyas principales líneas de acción son:
- Luchar contra la economía irregular, dando prioridad a las denuncias presentadas y
comunicaciones recibidas en el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
- Ofrecer asistencia técnica y sensibilizar tanto a empleadores como a personas
trabajadoras del sector.
- Regularizar los salarios por debajo del SMI y las cotizaciones a la seguridad social (el SMI actual es de 950 euros / 14 pagas o de 1.108,33 euros con prorrateo de pagas extras).
Esta comunicación la tienen que hacer las personas empleadoras hasta el 31 de marzo de 2021 a través de las siguientes vías:
- Telemáticamente si tienen certificado digital, acceso al
sistema clave o han comunicado su teléfono a la Seguridad Social para utilizar
la opción de SMS.
- Autorizando al sistema RED (graduados sociales, gestorías y
profesionales autorizados, si se dispone del mismo).
- Enviando el formulario que puedes encontrar pinchando en este enlace.
